La Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, liderada por el ministro Hernán Larraín, ya inició reuniones al más alto nivel para solucionar problemas provocados por la pandemia de coronavirus.
La Ley N° 21.226, publicada el 2 de abril de 2020 en el Diario Oficial, estableció un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, audiencias y actuaciones, además de los plazos y ejercicio de estas acciones, por el impacto de la pandemia Covid-19 en el país.
Ya van casi cuatro meses de la promulgación de esta normativa y el sistema juidicial está analizando cómo será el retorno a la ‘normalidad’, sobre todo por las causas postergadas que llegarían a las 93 mil en los juzgados de garantía (6 de marzo y 31 de mayo) y 3 mil 663 en juicios orales reagendados por la emergencia del Covid-19, según datos del Ministerio de Justicia .
La Ley N° 21.226 respondió a las inquietudes de todos los actores del sistema jurídico chileno, debido a los efectos del estado constitucional de excepción por catástrofe y las consecuencias de la emergencia sanitaria por la pandemia en la tramitación de los procesos judiciales ante los diferentes tribunales del país, incluyendo ordinarios, especiales y arbitrales.
La ley -como lo fundamentó el mensaje del Presidente de la República- tuvo por objetivo dar continuidad al servicio de justicia, sobre todo en materias prioritarias, tales como la dictación de medidas cautelares en materia de derecho de familia y protección de menores, causas penalesl, entre otras.
En lo medular, esta nueva ley contiene 10 artículos que regula, entre otros aspectos, la suspensión de audiencias, las actuaciones judiciales, suspensión de términos probatorios, interrupción de prescripción de acciones, y suspensión de audiencias y vistas de causas antiguas.
Sin embargo, existen algunos problemas en la tramitación de causas, por lo que sesionó la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, liderada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, junto al subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela.
La instancia tuvo la participación del presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva; el fiscal nacional, Jorge Abbott; el general director de Carabineros, Mario Rozas; el defensor penal nacional, Andrés Mackhe; el director nacional de Gendarmería, Christian Alveal; la directora nacional de Sename, Claudia de la Hoz; además de representantes de la PDI y el Colegio de Abogados.
Entre los temas que estuvo abocada la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal está el funcionamiento de los actores del sector justicia en momentos de pandemia y post pandemia, además de los resguardos sanitarios que llevarán implícitadas todas las determinaciones.
En este sentido, debido al atochamiento de causas en los tribunales durante los últimos meses por el Covid-19, en la sesión fue acordada una metodología para retomar la normalidad de los juicios orales.
RELEVANTE
El ministro Hernán Larraín manifestó que el acuerdo más relevante adoptado es el que permite avanzar en los juicios orales, donde se habían producido diferencias entre los distintos protagonistas.
Finalmente, luego de un trabajo de una comisión, que reunió al Ministerio Público, a la Defensoría Penal, con los tribunales y el Colegio de Abogados, definieron que “cuando el defensor penal o los defensores privados, junto con el Ministerio Público, llegan a acuerdo a la realización de la audiencia ante el Tribunal Oral, sea esta presencial o sea esta remota, se procederá y no habrá mayores dificultades”, precisó Larraín.
Agregó que “pero si no hay acuerdo, esto deberá ser resuelto finalmente en una audiencia de factibilidad por el tribunal, donde cada una de las partes podrá hacer valer, en esa audiencia, sus puntos de vista”.
Larraín precisó que “el sector legal, al igual que el resto de sectores del país, también hace frente a un período de ajustes este 2020”.
El tema de los juicios virtuales registra una serie de críticas de los defensores penales. Entre el 16 de marzo y el 31 de mayo se han debido postergar 3.663 juicios orales, según datos a nivel nacional, donde la mayoría de los imputados exigió no ser juzgados por videoconferencia, porque “la tecnología atentaría contra sus opciones de ser absueltos”.
DEFENSORES
Un caso emblemático quedó plasmado en un reportaje de un diario de circulación nacional donde dos defensores penales abandonaron la representación de un imputado, argumentando que el juicio por videoconferencia no garantizaba una defensa técnica correcta, sobre todo en vista de la pena solicitaba para su representado(30 años de cárcel por el delito de robo con intimidación).
En definitiva, los defensores esperan una posible amonestación por abandonar la causa y el juicio deberá esperar la designación de otros defensores para el imputado.
El defensor nacional, Andrés Mahnke, declaró que si bien la modalidad de la videoconferencias resulta exitosa en algunas materias en discusíón en los tribuinales de garantías, en otras como los juicios orales no existe una uniformidad de criterios por parte d elos jueces.
Asimismo, expertos del ámbito jurídico temen una “sobrecarga del sistema legal” para el segundo semestre de 2020, y también para comienzos de 2021, aunque ya están en marcha las primeras determinaciones para que sea retomada la normalidad en juzgados y tribunales del país.
Sin embargo, el problema está directamente relacionado al término de las cuarentenas en el país, en un proceso que tomarán por lo menos hasta fines del 2020, según análisis del sector salud en base al nivel de contagios por comunas.