Nueva normativa fue aprobada en general y ahora será vista por la Comisión de Constitución. Su objetivo pasa por anticiparse a la sobrecarga de causas que tendrá sistema judicial dentro de los proximos meses.
Las cifras resultan preocupantes. 96 mil juicios postergados y 80% de las audiencias suspendidas forman parte de los efectos del Covid-19 en el sistema judicial, que tendrá que soportar una fuerte carga de trabajo, ahora en la fase postpandemia.
Ante este escenario, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentó a principios de septiembre un proyecto de ley que incluye modificaciones en el ámbito de la justicia penal, laboral, familiar y civil, debido a los problemas que enfrentarán los tribunales en pocas semanas más.
Es que la pandemia, en primera instancia, aceleró la promulgación de la Ley Nº 21.226, publicada el 2 de abril de 2020, que estableció un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, audiencias, actuaciones y sus plazos por el Covid-19.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, precisó en un comunicado de su cartera, que “hemos presentado un proyecto delley, que, en el ámbito penal, civil, laboral y de familia, propone medidas transitorias, como por ejemplo la ampliación de plazos, o definitiva, que incorporen las buenas experiencias de este tiempo, como el acceso vía remota de muchos procedimientos judiciales para poder enfrentar este retorno a la normalidad con posibilidades de éxito”.
Un análisis desde Justicia detalla que el proyecto de ley ingresado al Congreso cuenta con tres grandes lineamientos. Primero, busca dar mayor eficiencia del sistema de justicia, anticipando la sobrecarga de trabajo como consecuencia de la disminución de ingresos y suspensión de audiencias durante el periodo de excepción constitucional.
Agrega que en segundo lugar, promueve las audiencias remotas, limitando la presencia física de las personas en los tribunales de justicia por motivos sanitarios y, finalmente, incorpora en forma permanente los mecanismos e instituciones que han dado resultado durante el funcionamiento de los tribunales en el periodo de excepción constitucional, o que surgen como altamente recomendables.
PASO A PASO
El ministro Larraín destacó que “la crisis sanitaria no sólo ha golpeado a la economía y al empleo, ha golpeado también duramente la actividad judicial, que si retorna mañana en forma normal va a colapsar completamente. Por eso, había consideración que las audiencias en materias laborales han disminuido un 70%, las de familia, en un 80%; las del área penal, en promedio en un 66%”.
Sobre los pasos para ‘normalizar’ el sistema judicial, el Secretario de Estado afirmó que “su retorno no puede ser sino gradual, para evitar un atochamiento, que va a impedir el acceso a la justicia. Queremos asegurar la eficiencia de la acción judicial, y queremos además durante el tiempo que dure la transición hasta la plena normalidad sanitaria, que no haya contactos directos para evitar contagios”,
Comentó que “todos estos procesos, se hacen posibles gracias a esta iniciativa que es producto de un trabajo de muchos, con amplia participación, para permitir que la actividad judicial vuelva a la normalidad”.
Larraín ya expuso los alcances del proyecto de ley ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, donde también participó la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile, María Soledad Piñeiro.
Sin embargo, el tema es complicado. Ya en abril, el pleno de ministros de la Corte Suprema acordó que el instructivo del gobierno relativo al retorno de los funcionarios públicos no aplicaba para el Poder Judicial en medio de la pandemia de coronavirus.
La Suprema estimó que los tribunales del país seguirían rigíendose por la Ley 21.226 y el auto acordado 53-2020. “Debo hacer presente que se reunió el pleno del tribunal y acordó que el instructivo del Presidente de la República no nos es aplicable; sí la ley 21.226 que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales en las audiencias y actuaciones judiciales y para los plazos y ejercicios de las acciones por el impacto de la enfermedad Covid-19 en Chile”, dijo su vocera , Gloria Ana Chevesich.
PROTOCOLO
En junio, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció un plan de acción para enfrentar el restablecimiento de la actividad judicial, luego de terminado el estado de catástrofe. Para estos efectos convocó a mesas de trabajo en todos los ámbitos del sistema judicial, que fueron complementadas con aportes de académicos, así como de organizaciones de la sociedad civil y asociaciones gremiales de abogados, funcionarios y mediadores ligados al sector justicia.
Además, en julio, la Corte Suprema apobó el «Protocolo de manejo y prevención ante Covid-19 en tribunales y unidades judiciales», que recoge las discusiones de una mesa de trabajo constituida por el máximo tribunal del país con representantes de los gremios del Poder Judicial y profesionales de la Corporación Administrativa.
“Mientras se mantenga el estado de excepción constitucional o se mantenga vigente por la autoridad el estado de alerta sanitaria deberá mantenerse la modalidad teletrabajo extraordinario, con turnos de trabajo presencial en lo que resulte estrictamente necesario”, señala el documento.
Así, sólo en la etapa 3 del protocolo, y una vez terminado el estado de alerta sanitaria, “los tribunales y unidades judiciales deberán retomar el trabajo regular, pudiendo implementar la modalidad de teletrabajo ordinario”.