“Los contratos administrativos constituyen en la actualidad instrumentos de política pública que permiten garantizar la satisfacción de necesidades colectivas”.
En el Derecho Administrativo la contratación pública constituye una materia que ha cobrado vigor en los últimos tiempos, toda vez que, por su intermedio, la Administración del Estado actúa en la vida jurídica y económica tanto nacional como internacional.
En ese sentido, el contrato público, entendido como aquel acuerdo de voluntades entre la Administración del Estado y un particular, para la satisfacción de una determinada necesidad pública, el que se perfecciona por regla general, por un acto complejo compuesto de la manifestación de la Administración por medio de un acto administrativo adjudicatorio de una propuesta pública.
Y, por otra parte, la manifestación de la aceptación del particular del contenido de dicho acto, en forma libre y voluntaria, del cual nace una serie de derechos y obligaciones reciprocas, se ha transformado en un mecanismo en virtud del cual la Administración cautela y satisface necesidades públicas.
En otras palabras, los contratos administrativos constituyen en la actualidad instrumentos de política pública que permiten garantizar la satisfacción de necesidades colectivas cumpliendo un rol importante en el mercado nacional, impactando de manera significativa en el Producto Interno Bruto (PIB).
Así, entre los países de la OCDE las compras públicas representan, en promedio, un 12,1% del PIB, Chile no es la excepción alcanzando al 12,5% del PIB. En el mercado mundial el contrato público también tiene un rol importante ya que representa entre un 5% y un 15% del PIB en cada país.
Como se advierte, por medio de este significativo instrumento de contratación es que los Estados asumen un importante rol económico como principal agente que adquiere bienes y servicios.
Asimismo, los contratos públicos como herramienta de política pública cumplen un rol estratégico, en diversas materias, por ejemplo, en materias medio ambientales, introduciendo por la vía del contrato administrativo el cumplimento de normativa ambiental, así como también en materias de género, de discapacidad y de salud, entre otras.
Así las cosas, el Estado con ocasión de la pandemia mundial que nos aflige por el brote del virus Covid-19 que ha azotado tanto la economía a nivel mundial como la de nuestro país, está llamado, a través de la contratación pública a cumplir un rol estratégico, no solo por su participación en la compra de bienes y servicios necesarios para hacer frente a la pandemia, como ocurre en el caso de la adquisición de los insumos médicos, a modo de ejemplo ventiladores mecánicos, mascarillas, exámenes para PCR, entre otros, sino que también jugará un rol gravitante para la reactivación económica, ya que como se ha indicado, la contratación pública incide de manera significativa en el Producto Interno Bruto (PIB).
En ese contexto, el rol del Estado, en esta materia es fundamental y al mismo tiempo un desafío que obliga a la actividad administrativa a actuar con transparencia y eficazmente para el logro de su cometido esencial, la satisfacción de necesidades públicas.
En consecuencia, queda de manifiesto que el contrato público actualmente no se entiende sólo como un mecanismo por medio del cual el Estado se provee de bienes y servicios, sino que su concepción ha evolucionado a entenderlo como un instrumento o herramienta de política pública, que como tal impacta significativamente en la economía y desarrollo del país, y junto con ello contribuye a otorgar una mejor calidad de vida de los ciudadanos.