Ejecutivo no firmó tratado de países latinoamericanos para una mayor información y acceso a la justicia ambiental.
E l Gobierno no firmó el Acuerdo de Escazú y para ello elaboró un documento de 12 páginas, con aportes de las carteras de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente, donde expuso las razones de su negativa.
Este acuerdo promueve una mayor información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (24 países lo han firmado).
Sin embargo, el Ejecutivo expusó en el texto que “a la luz del análisis realizado, corresponde reafirmar que Chile tiene una legislación ambiental que es reconocida, nacional e internacionalmente, por su contenido, alcance y consistencia. Compartimos plenamente la gran relevancia de la participación ciudadana, la transparencia y la justicia ambiental para el avance a un desarrollo sustentable”.
La comisión de Medio Ambiente del Senado citó al canciller Andrés Allamand y la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, para que explicaran el rechazo del Gobierno al Acuerdo de Escazú, lo que terminó en una fuerte polémica.
Sobre este tema, en una publicación de la U. de Chile, Valentina Durán, académica de la Facultad de Derecho del plantel superior, manifestó que sí como país, Chile no está dispuesto a asumir la agenda transformadora del Acuerdo de Escazú, el Estado de Chile está incurriendo en “una grave contradicción”.
“Chile ha sido conminado por la OCDE -en su evaluación de diseño ambiental realizada en 2016- a entregar acceso a sus ciudadanos, respecto a información en materia medioambiental”, indicó Durán. Y agregó: “si bien, como país, en materia medio ambiental mostrábamos avances, todavía nos falta mucho. Sobre todo a la hora de proporcionar información adecuada para la gestión de los recursos hídricos y contaminación del aire además de avanzar en mayor garantía al acceso a la justicia ambiental”.
Asimismo, Juan Gabriel Valdés, director de Desarrollo Estratégico y Relaciones Institucionales de la Universidad de Chile, sostuvo que Chile no solo demuestra una falta de interés hacia la protección de los Derechos Humanos sino que también ve dañada su imagen internacional. Al mismo tiempo, el ex diplomático desarma los argumentos enarbolados por el actual gobierno de Chile para no firmar el acuerdo.
“Aquellos que sostienen que Chile no puede cambiar sus normativas internas para firmar el Acuerdo de Escazú, entregan argumentos falaces. En el pasado, Chile ha suscrito una serie de acuerdos no sólo medioambientales, sino también comerciales en los cuales ha modificado su legislación interna y por lo tanto ese argumento no tiene ningún valor”, precisó.
También,Valdés dijo que “se levanta el argumento de que Chile ya tiene incorporado las medidas medioambientales requeridas por el Acuerdo de Escazú”.
Este argumento, indicó, “también es falaz, pues demuestra no entender la importancia de las instancias multilaterales en temas tan importantes como la defensa del medio ambiente. Lo multilateral genera fuerza y dinámicas propias, características muy importantes en medio de la crisis medioambiental que vive la humanidad”.